Para Artusi, el déficit de vivienda es un problema sin respuestas adecuadas

El déficit de vivienda “configura un grave problema en Entre Ríos, así como en el resto del país y muestra con contundencia la enorme brecha que existe entre la enunciación de algunos derechos de raigambre constitucional y su goce efectivo en la realidad cotidiana”, asegura el presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) José Artusi.

El legislador sostiene que “buena parte de las angustias cotidianas de millones de compatriotas se desprenden de la circunstancia de no contar con la posibilidad cierta de acceder a una vivienda digna y adecuada. Viviendas mal localizadas, por lo general distantes de los centros urbanos, segregadas en verdaderos ghettos urbanos o suburbanos, con cobertura insuficiente de servicios públicos, sin adecuados equipamientos urbanos y espacios verdes, rodeadas de espacios públicos degradados e inseguros; son una realidad incontrastable que sufren a diario miles de personas en muchas de nuestras ciudades. Esto, cuando el Estado ha logrado al menos brindar lo que ampulosamente se exhibe como solución habitacional”.

Artusi advierte que “en muchos otros casos, ni siquiera se accede a eso, y lo que aparece son asentamientos irregulares en terrenos fiscales, villas de emergencia, ocupaciones informales, construcciones precarias hechas por los propios pobladores. La inseguridad en la tenencia, la falta generalizada de una política integral de vivienda, y la cristalización de un patrón inequitativo de distribución de la riqueza, con vastos sectores de la población sumergidos en la pobreza o en la indigencia de manera estructural, impide que estas aproximaciones espontáneas a la búsqueda de soluciones al problema de la vivienda arrojen resultados demasiado alentadores, y configuran por lo general intentos desesperados por encontrar al menos un lugar donde vivir. Aún así, no se puede dejar de reconocer que sin estos esfuerzos espontáneos de los sectores marginales urbanos la crisis de la vivienda adquiriría dimensiones mucho mayores”.

Además recuerda que cuando colaboró con el bloque de convencionales constituyentes de la Unión Cívica Radical, y propuso -en relación a este tema- “un anteproyecto que varios convencionales radicales hicieron suyo y presentaron como proyecto de reforma, que proponía garantizar para todos los habitantes de la provincia los derechos a una vivienda digna y a un hábitat adecuado para el desarrollo humano”.

El proyecto, indica Artusi,  “fue tratado junto con otros que se referían a la vivienda, y finalmente surgió un texto que dio origen al actual artículo 25 de la Constitución provincial, que establece que el Estado promueve las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho de todos los habitantes a una vivienda digna”.

El diputado sugiere que algunos conceptos quedaron en el camino, aunque reconoce que otros se consolidaron. “No se pudo incorporar la mención a la obligación del Estado de la regulación del uso del suelo y el ordenamiento territorial ni la participación de la comunidad en las plusvalías o rentas extraordinarias que se generan en inmuebles de privados por efecto de las inversiones públicas, inspirado en la Constitución de España. Pero debe reconocerse que son positivas las incorporaciones de la prioridad a otorgar a los sectores de menores recursos y la concertación de políticas de vivienda entre la provincia, los municipios y las comunas”.

Para Artusi, las disposiciones constitucionales en la provincia “distan de tener un reflejo coherente en las políticas públicas”.

Insinúa como problemas “la generalizada falta de coordinación y articulación entre los municipios y la provincia, y por lo general – con honrosas excepciones que confirman la regla – los municipios no implementan políticas de gestión del suelo, por lo que carecen de bancos de tierra que permitan alojar los nuevos conjuntos de vivienda en áreas adecuadas, de acuerdo a un proceso racional de planificación del desarrollo urbano”.

Por eso insta a “encontrar políticas adecuadas para enfrentar con racionalidad y equidad estos dilemas. Ni el crecimiento económico ni el mercado resolverán mágicamente el problema de la vivienda. Se necesita una acción articulada de todos los niveles del Estado, desde la Nación hasta los municipios” y pide “una ley marco nacional de ordenamiento territorial y uso del suelo, y también es necesario tener una legislación de ese tipo a nivel provincial”.