¿No es hora de que los jueces paguen todos ganancias?

En épocas de ajuste, el Gobierno debería poner la mira en el Poder Judicial y reflotar una vieja discusión: el polémico privilegio de los jueces, fiscales y defensores a no pagar el impuesto a las Ganancias. De unos 700 jueces nacionales y federales, hasta ahora solo ocho magistrados pagan el impuesto a las Ganancias –junto a otros 417 empleados y funcionarios- que ingresaron después del 2017 al Poder Judicial y fueron alcanzados por una ley impulsada durante la gestión de Mauricio Macri. Uno de ellos trabaja en el área de la Corte Suprema. En el ámbito del Ministerio Público la recaudación por ese tributo es aún más escasa: ningún fiscal paga el impuesto de los 270 cargos ocupados, confirmado ello por fuentes de la Procuración General de la Nación.

 

Según el presupuesto, la AFIP se pierde de recaudar por la exención de ingresos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial nacional y provinciales el 0,06 por ciento del Producto Bruto Interno. En 2016 fue de 4.607 millones de pesos; en 2017, unos 5.759 millones y en 2018, el total de 6.911 millones.

 

En la Justicia federal y nacional hay unos mil cargos de jueces, aunque el 30% está vacante. En el ámbito del Ministerio Público, hay 270 fiscales. Sus sueldos son la envidia de otros sectores. Quizás por eso y porque muchos trabajadores sí están obligados a pagar el impuesto sin excusas, el debate saltó a la sociedad. En la Comisión de Acuerdos del Senado cada vez que desfila un aspirante a juez, le preguntan si los jueces deberían pagar Ganancias. Con maldad, en ámbitos políticos se quejan de que “todos dicen que sí”, pero después muchos de ellos están bajo el amparo de la Asociación de Magistrados que busca frenar ese impuesto también para los nuevos jueces.

 

Un juez de primera instancia novato cobra 119 mil pesos. Pero si tiene 10 años de antigüedad gana 162 mil pesos. Un camarista percibe 151 mil pesos, pero con una década de experiencia percibe unos 207 mil pesos. El sueldo de un juez de Casación arranca en 158 mil pesos. Un juez de la Corte percibe de básico 183.601 pesos, pero los adicionales hacen la diferencia y de bolsillo puede recibir unos 286 mil pesos.

 

Es que los magistrados tienen un sueldo básico pero después se le agregan rubros como la antigüedad o el título (en el caso de los empleados) que permite mejorar notablemente el ingreso inicial. Por ejemplo, un secretario de Cámara (que tiene rango de juez de primera instancia) con muchos años en el Poder Judicial puede estar ganando 200 mil pesos. Y un empleado unos 100 mil, siempre teniendo en cuenta la antigüedad.

 

El puesto más bajo de un trabajador judicial, de básico, arranca en los 32 mil pesos, así que por las escalas fijadas por la AFIP también queda a tiro de tener que pagar el impuesto apenas su sueldo mejore.

 

En el Ministerio Público Fiscal las cosas no son muy distintas: ningún fiscal paga hoy impuesto a las Ganancias. Sí lo pagan un total de 267 empleados y funcionarios sobre una nómina 4.961 personas, entre fiscales, empleados y funcionarios.

 

A diferencia de otros trabajadores, los judiciales tienen un as en la manga que hasta ahora ningún Gobierno pudo quebrar: el argumento sobre la intangibilidad de los sueldos de los magistrados, que es defendido desde los tribunales cada vez que el debate se judicializa. La historia se remonta a la década del ’30 cuando la Corte Suprema de la Nación abordó la cuestión por primera vez en el caso “Fisco Nacional c. Rodolfo Medina”. Integrado por conjueces, el máximo tribunal declaró en 1936 la inconstitucionalidad del impuesto a los réditos en cuanto gravaban el sueldo de los jueces federales.

 

En 1996, con Carlos Menem en la Casa Rosada y Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía, el Congreso hizo caer –con la ley 24.631- la exención del impuesto a las Ganancias para los legisladores y jueces. Diputados y Senadores comenzaron a tributar –solo sobre el básico de sus haberes-, pero a los pocos días la Corte Suprema dictó la acordada 20/96 que consideró “inaplicable” esas derogaciones para el mundo de los tribunales y evitó, como cabeza del Poder Judicial, que se efectuaran las retenciones al liquidar los sueldos.

 

Las aguas volvieron a sacudirse con el Gobierno de Cristina Kirchner. En 2007, en su discurso final como senadora y a punto de sentarse en el sillón de Rivadavia, la entonces presidenta electa sostuvo que “una deuda que tiene la democracia” era que los magistrados aún no paguen Ganancias. En 2014, esa supuesta deuda seguía sin saldarse. En aquel año, cuando se había declarado el intento por “democratizar” la Justicia, Cristina Kirchner dijo al abrir las sesiones ordinarias en el Congreso que “un poquito de control popular no le viene mal a nadie” y llamó a los jueces a “ponerle un poco más de onda” porque “tienen un buen presupuesto, sueldos y siguen sin pagar el impuesto a las Ganancias”.

 

A fines de 2016, durante el Gobierno de Mauricio Macri, el Congreso aprobó una ley que estableció que “todos los magistrados, funcionarios y empleados en los poderes judiciales y o del Ministerio Público, tanto de la Nación como de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya designación hubiera ocurrido a partir del 1° de enero de 2017, estarán alcanzados por el Impuesto a las Ganancias”. Los que estaban antes de esa fecha trabajando en los tribunales quedaron eximidos de tributar.

 

En ese año, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, sostuvo que en el máximo tribunal están “todos a favor” de que los jueces comiencen a tributar el impuesto a las Ganancias. Pero aclaró que “el problema no es tanto a nivel de los jueces sino con los empleados” del Poder Judicial.

 

A los jueces les molesta que con Ganancias se hagan otras críticas que consideran injustas: que trabajan seis horas, que tienen un mes y medio de vacaciones y que el servicio que prestan es malo. Los magistrados sostienen que eso es no conocer cómo trabajan realmente y en qué condiciones. Y no se cansan muchos de ellos de aclarar que “Comodoro Py no es toda la Justicia”, en referencia al edificio de la Justicia federal donde se tramitan las causas de corrupción, siempre sospechado de connivencia política y de ser parte más del problema que de la solución.