Lilita Carrió en la mira de Casanello

Si la Cámara Federal lo permite, el juez federal Sebastián Casanello investigará en profundidad el financiamiento de la última campaña electoral de la diputada oficialista Elisa Carrió. Según anticiparon fuentes judiciales, el titular del juzgado en lo Criminal y Correccional N° 7 resolvió aglutinar en una misma causa penal dos denuncias por el brote de “aportantes truchos” en la campaña de 2017 de la lista Vamos Juntos, que encabezó la líder de la Coalición Cívica. El fallo completo donde se declara competente ya fue firmado. Se conocerá en breve.

 

Casanello no solo consideró que hay sospechas suficientes para profundizar las pesquisas. Cree que detrás del escándalo se esconde un fraudulento mecanismo de recaudación que podría configurar la ejecución de más de un delito. Por la cantidad de empresas proveedoras del Estado porteño vinculadas a la maniobra, la causa se encaminará a presunto lavado de dinero.En los Tribunales ya la consideran una “bomba política”.

 

Las denuncias originales fueron presentadas por la ONG La Alameda y Margarita Stolbizer. “Critiqué mucho al Gobierno anterior porque vivían al margen de la ley, la ley era sólo para los giles, y estos hacen lo mismo”, dijo la dirigente del GEN a radio Mitre el mismo día que llevó a la Justicia 150 casos de financiamiento “fraguado a través de falsos aportantes”.

 

La primera presentación cayó por sorteo en el juzgado de Casanello. Allí se denunció lavado de dinero y robo de identidad. El juez ya tomó más de 100 testimonios. Muchos son reservados. Algunos se presentaron sin que sus jefes lo sepan. Declararon beneficiarios de planes sociales, jubilados, trabajadores, funcionarios públicos. De clase baja, media y alta. Hasta un policía fue a negar los aportes que figuran a su nombre. En las declaraciones se menciona a custodios privados que siendo empleados de empresas de seguridad contratadas por el Gobierno porteño fueron aportantes a la campaña del PRO y la CC sin saberlo. La simbiosis entre estas compañías y el Ministerio de Seguridad capitalino no es nueva.

 

Casanello también tiene en su caja fuerte del cuarto piso de Comodoro Py documentos que prueban que algún integrante de la campaña de Carrió tomó “casi literal” el organigrama de la administración pública porteña y le asignó un monto a cada uno de los secretarios, subsecretarios, gerentes, subgerentes, directores y subdirectores, entre otros. Al masivo robo de identidad y el presunto lavado -encubrimiento del origen del dinero-, se le sumará seguramente el delito de asociación ilícita. Una sola persona no puede tramar y concretar semejante peripecia.

 

De este tema se habló en el foro anticorrupción organizado este año por El Vaticano en Alpach. Personalidades internacionales de todas las disciplinas y los rincones del planeta escucharon azorados. Hasta un alto funcionario del FMI se sorprendió de lo que se dijo en Austria.

 

En las denuncias se asegura que el 65% de los aportantes a la lista Vamos Juntos fueron empleados del Estado nacional, el bonaerense o el porteño; que el 94% de las donaciones se hicieron en efectivo; que el monto aportado por funcionarios públicos supera los $ 8 millones; que muchísimos aportantes son monotributistas; que todos los empleados del Gobierno de la Ciudad que aportaron lo hicieron en un mismo plazo de solo tres días; que gran cantidad de esos estatales habían ingresado al cargo público cuatro meses antes.

 

Un informe en poder de la Cámara Nacional Electoral revela más cifras. La alianza Cambiemos declaró que en 2017 recaudó $ 12 millones para los actos proselitistas de Carrió y compañía. Si se le suman la “bolsa” de la Provincia de ese año y la presidencial de 2015 totalizan unos $ 214 millones. Casanello está dispuesto a ampliar la investigación a la campaña de Mauricio Macri. Si finalmente eso sucede y la Cámara Federal lo permite, el impacto político será aún mayor.