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La jueza Highton seguirá en la Corte Suprema luego de cumplir los 75 años

La jueza Elena Highton de Nolasco, la única mujer entre los integrantes de la Corte Suprema, seguirá en su puesto luego del 7 de diciembre, cuando cumplirá los 75 años, a pesar de que la Constitución Nacional exige a los jueces que se retiren a esa edad.

 

La única vía prevista por la Constitución para que un magistrado pueda quedarse en su silla cinco años más tras pasar esa edad es que el Presidente de la Nación proponga una extensión de su mandato y que esa propuesta sea refrendada por el Senado.

 

Nada de eso ocurrió, pero Highton logró su cometido porque el Gobierno decidió dejar extinguir el plazo que tenía para apelar un fallo judicial de primera instancia de la semana pasada que hizo lugar a un amparo que presentó la jueza para evitar la jubilación obligatoria. El plazo vence hoy, pero fuentes del Poder Ejecutivo le anticiparon ayer a Clarín que los abogados del Estado no harán nada, con lo cual el permiso para que Highton siga en su puesto quedará firme.

 

El jueves de la semana pasada, la jueza de la Corte logró que un juez de primera instancia del fuero Contencioso Administrativo, Enrique Lavié Pico, hiciera lugar al amparo que presentó el año pasado para poder seguir en su cargo. En su fallo, Lavié Pico declaró la “nulidad” de la reforma hecha en el año 1994 del Artículo 99, inciso 4to. de la Constitución. Ese artículo dice que, en referencia al nombramiento de los jueces, que “un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo (es decir, la propuesta del Presidente y el acuerdo de los dos tercios del Senado que se requiere para designar un juez), será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años”.

 

Ese fallo menciona antecedentes de jueces que lograron quedarse tras cumplir los 75 años -el caso más notorio fue el de Carlos Fayt, que había sido nombrado antes de la Reforma Constitucional de 1994- y tomó como cierto que la Convención Constituyente se excedió en sus atribuciones al reformar el artículo 99, a pesar de que en la ley que convocó a la Reforma (Ley Nº24.309 de Declaración de la necesidad de la reforma constitucional) ese artículo sí está mencionado.

 

 

El escrito del juez y la decisión del Gobierno de dejarlo pasar no implican un mero diferendo previsional: pueden tener consecuencias sobre los planes de centenares de jueces que se verán animados -una vez que existe el antecedente de una jueza de la Corte nombrada diez años después de la Reforma de 1994- a solicitar un tratamiento similar y quedarse en sus cargos hasta que les parezca pertinente o hasta que lo defina la biología, liberados de molestas trabas constitucionales.

 

Además, el embrollo deja abierto un diferendo entre las atribuciones de un juez, del Poder Legislativo que convocó a la Reforma y que es el que debe designar a los jueces de la Corte y de la voluntad de los propios convencionales constituyentes de 1994, que implementaron los cambios luego de ser votados por el pueblo. Habría que recordar también que el artículo 99 es el que fija las atribuciones del Presidente, con lo cual incluye también en el empaste al Poder Ejecutivo. Es, en otras palabras, un conflicto político entre dos poderes del Estado de carácter electivo y otro de naturaleza contramayoritaria.

 

En la Casa Rosada se inclinaban desde hace días a dejar pasar el fallo, motivados por el convencimiento de que los jueces de todas las instancias serían más proclives a aceptar la voluntad de uno de sus pares más notorios. “La cuestión corporativa de los jueces es muy fuerte”, decía un encumbrado funcionario a Clarín el viernes último.

 

A su vez, otra de las cuestiones que terminó por decidir a Mauricio Macri por no apelar el fallo judicial fueron los riesgos que, según calculó el Gobierno, conlleva meterse los pies en una pelea que desconcentraría al oficialismo de su principal objetivo para este año: hacer un buen papel en las elecciones legislativas que definirán los límites del proyecto macrista. En la Casa Rosada saben que no cuentan en el Senado con los votos como para imponer fácilmente un candidato para la Corte, si es que dejaba un hueco la salida de Highton. La jueza tampoco contaba con las voluntades en la Cámara alta como para impulsar la prolongación de su mandato. Por eso, acaso, optó por nadar en las aguas más conocidas de los expedientes judiciales.