La AGN reveló graves falencias en la administración de vacunas que implican “riesgo epidemiológico”

Según un análisis de la Auditoría General de la Nación se “evidencia incumplimientos y falencias en la gestión” del sistema de vacunación a nivel nacional, lo que “representa un riesgo epidémico para la población”. Entre las principales fallas se detectaron demoras para consolidar información sobre las mismas, lo que dificulta la definición de políticas públicas, falta de capacitación para registrar los datos, en los vacunatorios y centros de carga, así como problemas de infraestructura y repartición insuficiente de dosis según provincias.

 

El informe se conoció luego de que dos funcionarios de Mauricio Macri, el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, y la ministra Carolina Stanley, fueran imputados por no otorgar vacunas para prevenir el meningococo a niños y niñas de 11 años por falta de dosis.

 

“El Ministerio de Salud ha implementado de manera parcial e incompleta el NOMIVAC (Sistema federal de vacunación nominalizado), lo que genera demoras y la necesidad de consolidar información de diversos sistemas provinciales. Esto limita el uso de esa herramienta como insumo para la definición de políticas públicas”, dice el informe de la AGN.

 

Estas políticas públicas inciden en el nivel de cobertura cuyos valores “se encuentran por debajo de la meta establecida, que alcanza en promedio a nivel nacional el 95%”. Incluso, en las provincias “las diferencias entre la cobertura deseada y la observada se incrementan, alcanzando una menor al 50% de la población objetivo”. O sea, en algunos casos, la mitad no tiene cobertura. Esto representa “un riesgo epidémico para la población”.

 

La misión del Ministerio de Salud y Desarrollo Social es “entender en la formulación, promoción y ejecución de planes tendientes a la reducción de inequidades en las condiciones de salud de la población”. El Programa 20 “Prevención y Control de Enfermedades Inmuno-prevenibles”, tuvo un presupuesto asignado de $3.480 y $4.877 millones para 2016 y 2017 respectivamente con el objetivo de sostener el sistema de vacunación. Las vacunas, junto al agua potable, es la mejor estrategia para evitar la mortalidad.

 

Para ello, “el Ministerio realiza la planificación nacional en coordinación con los responsables de cada una de las jurisdicciones adquiere y distribuye los insumos necesarios”. Este plan es necesario para “disminuir la morbi-mortalidad de las enfermedades inmuno-prevenibles mediante la vacunación sostenida de los niños recién nacidos como así también de los niños de 6 y 11 años, adolescentes, embarazadas y adultos”.

 

Las falencias encontradas

 

En primer lugar, la AGN detectó una “implementación parcial (del programa) por parte de las provincias y debilidad en la información transmitida por migración de datos”.

 

Esta transmisión de datos es la que permite la planificación de políticas públicas, por lo que “la capacitación es fundamental como herramienta para limitar y/o erradicar fallas y errores humanos en dicha función”. Sin embargo, este punto falla, lo que puede derivar en inconsistencias a la hora de contar con información clave.

 

Por otro lado, señalaron que se detectaron “necesidades en infraestructura y conectividad en los vacunatorios/efectores de las jurisdicciones locales, sin perjuicio del cumplimiento del plan de vacunación”. En este punto, hay necesidad de refacciones o falta de conexión a Internet y servicio eléctrico, lo que impide la carga y transmisión de datos. “La necesidad de arreglos edilicios en un 20%, de conexión al servicio de Internet en un 35% y electricidad en un 2%”.

 

También, la AGN advirtió que “la exposición de niveles de cobertura inmunológica se encuentran alejados de las metas adoptadas y acordadas oportunamente, tanto a nivel nacional como internacional, lo que representa un factor de riesgo con el consiguiente riesgo epidémico y el aumento de potenciales inequidades”.

 

Según la Organización Mundial de la Salud, el objetivo para el periodo 2011 a 2020 es que se deberá alcanzar una cobertura de al menos el 90% de vacunación nacional y el 80% de vacunación en cada distrito o unidad administrativa.

 

En nuestro país, la cobertura de vacunas de Hepatitis B es del 81,1% en promedio para el nivel nacional y jurisdiccional. La de la BGC tiene un promedio del 80,9% y 85,5% para los años 2016 91,9% y 86,6% para los años 2016 y 2017 respectivamente. Por una cuestión obvia, no se analizarán las coberturas de todas las vacunas, sino de las más importantes, como la Triple Viral, que está por debajo del 95% cuando la OMS estipula que no puede encontrarse tras esa barrera para el caso del sarampión. En tanto, la antivaricela tiene una cobertura promedio ponderada del 74,0% y 75,8% para los años 2016 y 2017.

 

 

Además de no cubrir con el porcentaje de vacunación recomendado por la OMS, se conoció que hay “menor distribución en algunas vacunas a nivel nacional respecto de la planificación acordada con las jurisdicciones”. “Respecto del total de dosis planificada y distribuida efectivamente por tipo de vacuna, se exponen los cumplimientos menores al 90%, lo que implicó en la práctica una disminución de las remisiones efectuadas – a nivel nacional – en cada una de las vacunas de que se trate”. Y remarcaron que las compras anuales fueron inferiores a las planificadas.

 

Por ejemplo, la vacuna Antirrábica se cumplió en un 62% respecto de su planificación; contra la Hepatitis A para adultos fue del 20% en 2016, la Neumococcica 23 tuvo un cumplimiento del 67% y la Sabin Multi X10 llegó al 53%. Todas en 2016. Al año siguiente, estas cuatro registraron las siguientes faltas: la Antirrábica tuvo un cumplimiento del 29%; contra la Hepatitis A para adultos del 22% en 2017, la Neumococica 23 subió al 88% y la Sabin Multi X10 no tiene registro.

 

Pero a estos incumplimientos se sumó el hecho de que “el sistema de distribución de vacunas en varias jurisdicciones ha resultado ineficaz”, resalta el informe al que accedió El Destape. Por ejemplo, en Santiago del Estero, la Provincia informó – respecto de la Meningococo Cuadrivalente conjugada A, C, Y, W, 135 – una recepción de 36.000 dosis, contra un pedido de 56.000 dosis. En tanto que el Ministerio informó haber enviado 41.760, lo que significa un 26% menos de lo requerido.

 

En La Pampa, la jurisdicción informa haber recibido 36.000 dosis de Hepatitis B Adulto, en tanto que la Nación mencionó haber remitido 54.000. En vacuna Meningococica la provincia recibió 11.520 dosis y la Nación informó haber distribuido 12.960 (faltante de 1.440 dosis).

 

En Misiones se informó haber recibido 48.960 dosis, en vacuna Meningococica, en tanto el Ministerio afirmó  haber distribuido 64.800 dosis de las 114.844 dosis planificadas (43% menos). Además, “la provincia informa que en DTA (triple bacteriana) recibió 37.200 dosis, en HPB recibió 41.280 dosis, en Rotavirus  recibió 39.600 dosis, y en Sabin no recibió ninguna dosis; en tanto el Ministerio dice haber enviado 54.000, 45.760, 61.200, 107.000 dosis respectivamente, lo que implica un desvío en menos de la necesidad establecida”.

 

En el Chaco pasó algo similar. La provincia sostuvo que recibió 50.400 dosis de Meningococica pero el Ministerio dijo haber mandado 54.720 (faltante de 4.320 dosis). Santa Fe, en tanto, dijo recibir 119.520 dosis de la misma vacuna, en tanto que el Ministerio dice haber distribuido 132.480 dosis. Chubut registró 9.440 dosis, pero  el Ministerio informa haber distribuido 22.320 (faltante 2.880 dosis).

 

Para finalizar, la Auditoría General de la Nación registró también falencias a la hora de tramitar expedientes sin “la documentación respaldatoria que justifique las autorizaciones de los gastos respectivas, toda vez que no se encuentra debidamente motivada la decisión de saltear los procedimientos reglados para la contratación pública, exponiendo y fundamentando las razones de urgencia para aprobar dichos gastos como legítimos abonos”.

 

Este informe dejó al desnudo las graves falencias de uno de los programas clave a la hora de reducir la mortalidad. La falta de vacunas, su mala distribución y gestión de datos son un riesgo para la población e impiden la planificación de una política pública que debería partir de un Ministerio que no existe, ya que fue anexado a Desarrollo Social.