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La AFIP propondrá al juez qué hacer con bienes de Báez

El juez federal Sebastián Casanello le pidió a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que realice una propuesta en torno de los bienes secuestrados al empresario Lázaro Báez, en el marco de la causa por lavado de dinero en la cual está detenido.

 

Mediante un oficio dirigido a la AFIP, el juez le dio un plazo de 15 días para que se proponga qué destino con fines sociales se les dará a los inmuebles y bienes secuestrados al empresario.

Luego de la propuesta hecha por el organismo, el juez definirá finalmente qué destino provisorio se le otorga a los bienes, que van desde campos, maquinarias, e inmuebles.

 

En julio pasado ya el juez había trasladado a la Secretaría de Vivienda y Hábitat dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación para que opinara.

Pero desde ese organismo se informó que la AFIP estaba en mejores condiciones de realizar un informe sobre el destino que debían darle a los bienes incautados.

 

La AFIP deberá definir qué bienes están desocupados para presentar una propuesta con fines sociales.

En el juzgado ya se han presentado el Ministerio de Defensa de la Nación, las municipalidades de General Pico, de Isla Verde y de Río Gallegos, así como el Centro de Jubilados y Pensionados ‘La Amistad’ de Río Gallegos, todos reclamando parte de lo incautado en la investigación contra Báez.

 

El empresario está detenido desde el 5 de abril pasado en la cárcel de Ezeiza y cuenta con dos procesamientos con prisión preventiva por lavado de dinero.

En el marco de la investigación, hubo más de un centenar de allanamientos en varios puntos del país, y muchos de ellos concentrados en Río Gallegos donde Báez vivía junto a sus cuatro hijos.

 

Si bien aún no hay condena firme por el presunto delito de lavado de dinero, instancia que habilitaría a la Justicia a decomisar los bienes, por lo pronto el juez Casanello dispuso que los mismos provisoriamente se les dé un destino social.

Semanas atrás, el juez habilitó a que una colección de libros secuestrada en uno de los inmuebles a Báez, quede en poder provisoriamente de la Biblioteca Nacional.