Investigan los $1.000 millones que recibió Lázaro Báez de fideicomisos del Banco Nación
En cinco años, el Grupo Austral de Lázaro Báez recibió financiamiento por $ 1.000 millones, mientras el Estado le garantizaba contratos viales millonarios. Fue a través de Nación Fideicomisos y el número se desprende de una pericia contable que solicitó el juez Daniel Rafecas.
Como garantía de los fideicomisos que se ampliaban de 3 a 6 meses, se colocaron certificaciones de obras: al menos hay 47 escrituras suscriptas en su gran mayoría por Martín Báez que “dan cuenta de las cesiones de certificados de obra en garantía, como también de endoso de certificados de obra en garantía”. La Justicia busca determinar si hubo perjuicio para la entidad que depende del Banco Nación.
Austral Construcciones está inactiva. La imagen del gran predio ubicado sobre la Ruta Nacional 3, en el acceso principal a Río Gallegos, dista mucho de la última década cuando la firma insignia de Báez, recibió 52 contratos viales por $ 46.000 millones (valor actualizado al 2016). La constructora sólo subsiste por el alquiler de inmuebles que garantiza ingresos mensuales por $ 843.000. Ya no se dedica a la obra pública.
En este escenario judicial, y con el empresario K preso hace un año, el juez Rafecas analiza los beneficios que el Banco Nación y Nación Fideicomiso otorgaron al Grupo Austral. El primer fideicomiso que se conoció fue diseñado por el “valijero” Leonardo Fariña por $ 350 millones.
Esta operación permitió que el Grupo Austral cuente con dinero “para el giro comercial de las obras públicas” que se le habían adjudicado y “financiarse directamente con el banco Nación”. La entidad financiera extendió por un año el vencimiento de los títulos del fideicomiso salvando a Lázaro Báez de devolver $ 231 millones y a su vez, se le amplió por $ 300 millones más el monto autorizado.
Las ampliaciones continuaron y entre 2011 y 2015 el empresario K terminó recibiendo financiamiento de Nación Fideicomiso por $ 966.811.308, según pudo constatar Clarín. Según fuentes allegadas a la causa, en julio del último año de Cristina Kirchner frente a la Casa Rosada, Báez pagó la última cuota de estos fondos millonarios. Cinco meses después, abandonó las 24 obras que le quedaban, despidió 5.000 trabajadores y reclamó a la gestión de Mauricio Macri $ 400 millones en certificaciones de obras que el kirchnerismo, según él, nunca le pagó.
Junto con estas maniobras de financiamiento, se investigan créditos bancarios y giros en descubierto. Austral Construcciones tuvo siempre sus principales cuentas en el Banco Nación, donde según el fiscal Carlos Stornelli facilitó “un plan destinado auxiliar financieramente a las empresas del grupo para la realización de obra pública, por más allá de los requisitos legales exigidos por la normativa”
La lista inicial de créditos suman diez operaciones. Dos créditos iniciales de $ 100 millones cada uno a favor de Austral Construcciones SA (ACSA) y Kank & Costilla (KyC), calificados por el Fiscal de “inusuales” considerando que había un “escaso respaldo financiero de las operaciones”. En este punto KyC recibió un préstamo inicial de $ 15 millones en 2009 que cuatro meses después se extendió a $ 30 millones y después se le otorgó otros $ 15 millones como garantía para iniciar unas obras. En febrero de 2010 la línea crediticia se llevó a $ 124.300.00.
El juez Rafecas recibió una pericia que señala que el banco no perdió dinero con estas facilidades crediticias, sino que habría ganado 50,8 millones de pesos. El magistrado debe decidir si llama a indagatoria al empresario K, algo que pidió la semana pasada la diputada Margarita Stolbizer (GEN).
La Justicia investiga al Grupo Austral en diversas causas: en obra pública por las irregularidades con las que se habrían adjudicados diversos contratos y los sobreprecios en los mismos por encima del 65%, que según el juez Julián Ercolini fue resultado de una asociación ilícita, diseñada para favorecer a Báez.
En la Ruta del Dinero K, la firma es señalada por la utilización de facturas apócrifas para el fraude fiscal como origen, junto a los fondos provenientes de la obra pública, para maniobras de lavado de activos.