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Intiman a la AFIP para que entregue datos solicitados sobre perdones fiscales

El 15 de diciembre de 2017, ACIJ presentó un reclamo denunciando el incumplimiento de la AFIP a garantizar el acceso a información pública sobre el monto y el contenido de las condonaciones que aplicó durante el periodo 2010-2016.

 

Las condonaciones fiscales son mecanismos mediante los cuales el Estado decide extinguir ciertas obligaciones tributarias vigentes, al perdonar su incumplimiento y dejar de exigirlas, beneficiando excepcionalmente a algunos contribuyentes.

 

A pesar de tratarse información pública vinculada con el manejo de los recursos estatales y, por ello con evidente interés público, la AFIP no respondió a ninguna de las preguntas expresamente, violando estándares reglamentarios, legales, constitucionales y jurisprudenciales en materia de acceso a la información pública.

 

ACIJ solicitó acceder a información sobre el monto que sumaron las condonaciones de deudas, intereses, multas y otras sanciones aplicadas durante el periodo 2010-2016; la cantidad de personas a las que beneficiaron dichas condonaciones, el monto de cada una, y el promedio de todas; y su impacto según el nivel socio económico de las personas beneficiadas así como la normativa aplicable a las condonaciones fiscales.

 

La Agencia de Acceso a la Información Pública, ente autárquico con autonomía funcional creado por la Ley 27.275 – que entró en vigencia en 2017- en cumplimiento de su función de garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, emitió una resolución intimando a la AFIP a proporcionar la información solicitada por ACIJ.

 

Para decidir, aplicó diversos estándares locales e internacionales que rigen en la materia e indican que en el caso en particular se encuentra vulnerado el derecho de acceder a información pública. Un derecho directamente vinculado con los principios de nuestro sistema de gobierno republicano.

 

Conocer los elementos básicos de la política tributaria es el primer paso esencial para mitigar el impacto regresivo que pueden tener las decisiones fiscales en nuestro país. En un contexto como el actual, donde las discusiones públicas suelen incluir argumentos de escasez de recursos, insuficiencia de fondos, o necesidad de reducir el déficit fiscal, deviene aún más esencial conocer en qué condiciones se renuncia a recursos que podrían orientarse a la satisfacción de derechos fundamentales.