Harguindeguy será juzgado en Paraná
Albano Harguindeguy, ministro del Interior de la última dictadura militar, será juzgado en Entre Ríos por delitos de lesa humanidad cometidos en Concepción del Uruguay, en julio de 1976, contra 18 estudiantes secundarios.
Será la primera vez que Harguindeguy será llevado frente un tribunal, en este caso el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, por los delitos de allanamiento, detención y privación ilegal, torturas y asociación ilícita.
La causa se tramitó hasta hace poco con el nombre del denunciante, César Román, pero al recibir el expediente el Tribunal Oral lo recaratuló como “Harguindeguy” y con esa denominación se realizan actualmente las notificaciones a los imputados. En adelante deberá dictarse la citación a juicio y se abrirá un período de 10 días hábiles para que fiscales, querellantes y defensores presenten sus pruebas y luego se fijará la fecha de inicio del debate.
Resta definir la integración completa del tribunal. Por el momento los miembros son Lilia Carnero (presidenta) y Roberto López Arango y todavía no se ha resuelto quién ocupará el tercer lugar. Como fiscales actuarán Marina Herbel y José Ignacio Candioti. La representante de la querella es la abogada uruguayense María Isabel Caccioppoli.
En otras causas el ex ministro del Interior pudo esquivar a la Justicia, amparándose en problemas de salud, pero ahora las pericias determinaron que se encuentra plenamente lúcido como para afrontar un proceso en su contra.
Además de Harguindeguy están imputados en la causa Ramón Genaro Díaz Bessone, quien fuera comandante del Segundo Cuerpo del Ejército desde el 3 de setiembre de 1975 hasta octubre de 1976, cuando fue reemplazado por Leopoldo Fortunato Galtieri; Francisco Crescenzo, oficial de la delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal; Juan Miguel Valentino, jefe de Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada II de Gualeguaychú, entre diciembre de 1974 y diciembre de 1976; y Julio César Rodríguez, suboficial de la Policía Federal uruguayense en 1976.
El 29 de junio, el juez Gustavo Pimentel decidió no hacer lugar a la oposición a elevación a juicio y pedido de sobreseimiento de Díaz Bessone y, en consecuencia, envió la causa al Tribunal Oral de Paraná. En el camino de la investigación se beneficiaron, con falta de mérito, el ex gobernador de facto Rubén Di Bello y Juan Carlos Mondragón. Otro que hasta ahora viene eludiendo a la Justicia es José Darío Mazzaferri, quien continúa prófugo.
César Román denunció que Crescenzo, Rodríguez y Mazzaferri lo secuestraron la noche del 16 de julio de 1976. Compartió cautiverio con compañeros de 5º año de la escuela Secundaria y otros jóvenes en la delegación de la Policía Federal, donde fueron secuestrados. Recuerda que en los interrogatorios le preguntaban por sus actividades en la escuela Normal y un supuesto mimeógrafo.
Las condiciones de detención eran inhumanas: rara vez los llevaban al baño, no podían hablar, los sentaban contra la pared y no les permitían dormir. Si se dormían, los golpeaban con la mano abierta en los oídos. A medida que pasaban los días las sesiones de tormentos eran más violentas. Les pasaban la picana y los hacían ver cómo torturaban a los demás. Quien aplicaba las torturas era el prófugo Mazzaferri.
Otra de las víctimas, además de sufrir los golpes, la picana y el submarino seco, estuvo nueve días sin comer, a pesar de que su madre le llevaba comida a la Delegación. El padecimiento fue de la misma intensidad para los 18 adolescentes secuestrados. Algunos fueron liberados a los pocos días, otros fueron trasladados a Paraná y alojados en campos de concentración.