El Pueblo cree cada vez menos en sus representantes parlamentarios

Durante los últimos meses el debate por la legalización del aborto llegó a todos los ámbitos; el Congreso fue uno de ellos. Una enorme cantidad de expositores y expositoras concurrieron a la Cámara Alta para explicar la importancia (y urgencia) de legalizarlo, no obstante, el pasado jueves 38 senadores y senadoras decidieron lo contrario. Es imprescindible que el Pueblo se expida pues sus representantes han perdido credibilidad, sobre todo a partir de debates infecundos y declaraciones tan improductivas como asombrosas. La pregunta clave: ¿nuestra Constitución, nuestros Códigos, nos amparan realmente? ¿O estamos sometidos a ellos?  Una aseveración sin atenuantes: el país está cada vez más fracturado. Y sufre. Las preferencias de quienes legislan y dictan normas ahondan esta cruel división. 

 

Seremos puntuales en datos irrefutables:

-Se calcula que en Argentina hay 450.000 mil abortos clandestinos.

-Los abortos clandestinos son la principal causa de muerte materna en 17 de 24 provincias.

La tasa de mortalidad materna duplica la meta de 1,3 muertes por 10.000 nacidos vivos (¡el país se había comprometido a reducirlas a la mitad!)

-Nacen anualmente entre 2800 y 3200 niños de mujeres menores de 15 años.

-Cada tres horas da a luz una niña de entre 10 y 14 años.

-El presupuesto para la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) en solo dos años de gobierno de Cambiemos se redujo en 12 millones de pesos en relación a 2015.

-$130.421.300 es el presupuesto público de 2018 para la Iglesia Católica.

-$46.800 es el sueldo mensual de un obispo diocesano y $40.950 el de un obispo auxiliar.

-La Iglesia Católica, junto con otras entidades religiosas, cuenta -como los jueces- con exenciones impositivas como el impuesto a las Ganancias o el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

 

Reflexión

 

En primer lugar la cantidad de abortos muestra que ni la prohibición, ni la religión son impedimentos para que una mujer se practique un aborto.

Sin embargo, sí son causantes de muertes; de nacimiento no deseados, no buscados y lo que es peor, producto de abusos o de circunstancias sociales que tampoco se solucionan de raíz.

 

Los abortos ocurren y ocurrirán; por legalizarlo no aumentarán, lo que si disminuirá son las muertes y las diferencias de cómo practicarlo según la clase social a la que pertenezcas.

Una de las dudas, al margen de lo ideológico, religioso, moral, ético consiste en cómo absorberá el Estado, el impacto en cuanto a estructura sanitaria y cómo se resolverían ciertas pautas jurídicas que al día de hoy renuevan interrogantes sin lograrse explicar criterios despojados de pasiones o tendencias parciales remarcadas.

 

Por otro lado, a partir de las políticas económicas que impulsa Cambiemos, ni cuestiones tan fundamentales como la Educación Sexual en las escuelas se salvan. El recorte llegó a todos los ámbitos pero ni senadores, ni senadores que votaron para que todo siga igual, propusieron “algo” que vaya, al menos, acompañado de más presupuesto a Educación Sexual.

Ni hablar que ni un parlamentario habla de la marginalidad, de cómo se vive en determinadas áreas suburbanas, en todo sentido, desde lo salubre hasta la convivencia compleja de grupos familiares desprovistos de valores “moralistas” producto de la situación crítica en la cual deben desenvolverse a diario.

 

Mientras, la Iglesia Católica, que es una de las principales instituciones que presionó y presiona para que la legalización del aborto no se permita en nuestro país, cuenta con un presupuesto significativo otorgado por el Estado, el cual está obligado a otorgarlo por el artículo segundo de la Constitución Nacional.

A su vez, el Gobierno está obligado a velar por la Salud de su población pero hoy nuestra Salud  corre peligro por políticas incoherentes, contradictorias.

 

En definitiva, en el debate legislativo final de la Cámara Alta hubo intereses encontrados, se protegió preferencias que un Pueblo dividido no logra interpretar por las argumentaciones desprovistas de fundamentos contundentes que se esgrimieran en el Congreso de la Nación.

Quizás sea hora de un plebiscito nacional respecto a lo que los argentinos pensamos de nuestros representantes legislativos, lo que se ha resuelto y lo que aún se puede resolver con un fuerte e imperioso giro que reformule sensibles aspectos constitucionales inherentes al devenir de los tiempos.