El juez Rafecas desarticuló una operación de Hernán Lombardi contra ex empleados de Télam
El juez federal Daniel Rafecas sobreseyó a ex tres gerentes de Télam que habían sido acusados de desfalco por parte del actual presidente de la agencia, Rodolfo Pousá. La operación fue montada junto al titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi. La Justicia archivó la causa que comenzó en 2016.
La denuncia había recaído sobre Mariana Inés Lopisi, ex gerente del área de asuntos legales, Juan Dasso Freysz, ex gerente general y Pablo Taricco, ex gerente de comunicación audiovisual, quienes habían sido imputados luego de que se difundiera un video intencionalmente editado donde se los veía trasladar cajas dentro de la Agencia.
Según determinó el juez Rafecas, “del estudio de las probanzas colectadas en la causa no surge la comisión de ilícito alguno por parte de los imputados”. Por esa razón, ordenó sobreseer a los tres ex gerentes. Además, el magistrado decidió dar por finalizada la investigación del presunto “desfalco” por idénticas razones.
Del fallo se desprende la notoria falta de pruebas que respalden las acusaciones vertidas contra la gestión saliente, además de testimonios que exponen que fue una maniobra impulsada entre las nuevas autoridades y Lombardi, no una denuncia en conjunto con el gremio, como quiso instalar Pousá.
En más de dos años de proceso judicial, ni Pousá ni Lombardi se ocuparon de presentar las pruebas de los delitos denunciados. Incluso nunca apelaron el fallo de primera instancia.
“Está demostrado o al menos existen elementos suficientes como para entender que no han desempeñado correctamente la función pública produciendo serios daños al erario público”, había declarado Pousá ante la Justicia.
“Allanaron nuestras casas, pincharon teléfonos, expusieron nuestros nombres”
Pablo Taricco informó que junto a sus ex compañeros están analizando recurrir a la justicia y denunció la operación del Gobierno: “Se trató desde el principio de una denuncia falsa destinada sobre todo en primera instancia a desplazarnos del trabajo. Van a tener que responder por usar sus cargos y el poder del Estado para perseguir injustamente a personas individuales”.
“Ellos mismos filtraron el video que presentaron. Su pretensión no era transparentar algo que creían que era sospechoso, sino demonizarnos”, relató, al tiempo que señaló la persecución que sufrieron: “Allanaron nuestras casas, pincharon teléfonos, expusieron nuestros nombres. Hubo consecuencias en lo laboral y lo personal”.
La resolución de Rafecas va en la misma línea de lo establecido por la fiscal Paloma Ochoa, que habían resuelto el sobreseimiento de los imputados, cuando afirmó que “las cosas que la querella pretende adjetivar como bienes hurtados (agendas, anotadores, y postales, de los años 2013 y 2014 y secuestrados en febrero de 2016) no se encontraban inventariados por TELAM SE, de lo cual se infiere que no se encontraban destinadas a dinamizar la función del organismo”.