El Gobierno interino de Bolivia denunció penalmente a Evo Morales por “sedición y terrorismo”
En un nuevo capítulo de la crisis institucional y política que enfrenta Bolivia hace poco más de un mes, el gobierno que lidera la presidenta interina Jeanine Áñez presentó este viernes ante la fiscalía una denuncia penal por “sedición y terrorismo”, contra Evo Morales.
La acusación formal se basa en el supuesto llamado del dimitido mandatario, exiliado en México, a cercar la ciudad de La Paz a fuerza de bloqueos. La orden la habría realizado mediante audios de Wahtsapp.
“Estamos pidiendo la máxima pena por sedición y terrorismo. Lamentablemente estamos bajo un acoso terrorista que quiere matar a los bolivianos de hambre y no lo vamos a permitir”, aseguró ante los medios el ministro de Gobierno Interior, Arturo Murillo, a la salida de la sede fiscal.
La denuncia también alcanza al ministro de Presidencia de Morales, Juan Ramón Quintana. “Que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad”, dice la voz atribuida a Morales en una comunicación con un dirigente cocalero, Faustino Yucra Yarmi. El receptro tiene sentencia ejecutoriada por narcotráfico.
El audio fue presentado por la gente de Áñez el pasado miércoles, y según el ministro Murillo fue originado esta misma semana. “Dividan el sindicato en cuatro o cinco grupos, así es para mucho tiempo. Si uno se concentra, se cansa, la gente abandona, pero si son grupos, se turnan, vamos a aguantar el bloqueo (…) Si la Asamblea rechaza mi renuncia, voy a intentar como sea volver, aunque me detengan”, es otro de los pasajes que se emite en la grabación, y que ya se constituyó como materia de investigación.
Es en la Fiscalía General del Estado donde se está llevando a cabo el proceso contra Morales. El fiscal general Juan Lanchipa informó que ya instruyó a la Fiscalía General de La Paz para “tomar las acciones técnicas correspondientes para establecer la veracidad de este audio y video”. Incluso, adelantó que los testeos se extenderán a la Argentina.
A su vez, el magistrado adelantó que también se solicitó a la central de telecomunicaciones de Bolivia que facilite los datos que refieren a la titularidad del teléfono desde el que se comunica Evo Morales. Así, intentan definir si se trata de un número particular, o a nombre del Estado.