Diputados aprobó la quita de la patria potestad para femicidas
La Cámara de Diputados aprobó por 203 votos el proyecto que modifica el Código Civil y Comercial para quitarle la responsabilidad parental (antes llamada “patria potestad”) a los condenados por homicidio agravado por el vínculo, femicidios, lesiones graves y abuso sexual, e incorporó además la suspensión de esa responsabilidad cuando el juez dicta el procesamiento al acusado.
Uno de los debates que se generó en el recinto fue a raíz de que se equiparó a mujeres y hombres en cuanto a las sanciones de quita de patria potestad que se aplicará cuando reciban una condena, ya que legisladoras como Victoria Donda y Araceli Ferreyra plantearon que “sólo tenían que recibir esa pena los femicidas”.
El dictamen votado en general por el plenario legislativo deberá volver al Senado para su sanción definitiva, ya que se modificó el proyecto aprobado en la cámara alta y se incorporaron otras causas para disponer la quita de la responsabilidad parental, como “lesiones graves y abuso sexual”.
Luego en el recinto se aprobó por unanimidad y giró al Senado el proyecto de creación del programa de acompañamiento para el egreso de adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales. Se dio sanción parcial a la iniciativa impulsada por la radical Carla Carrizo con 194 votos a favor.
La propuesta establece que el acompañamiento personal consiste en la asignación de un referente que tendría por función “acompañar a cada adolescente sin cuidado parental en el fortalecimiento de su autonomía”.
Asimismo, se prevé una asistencia económica fijada en el 80% de un salario mínimo vital y móvil a partir del momento del egreso de los dispositivos de cuidado formal.
El programa será destinado a adolescentes y jóvenes de entre 13 y 21 años, con la opción de extenderlo hasta los 25 años cuando quien egresa de algún instituto de menores de edad se encuentra cursando estudios. Carrizo defendió el proyecto, destacó el grado de consenso de la propuesta y aclaró que “los derechos no tienen partidos sino que tienen razones”.
La crisis en Santa Cruz calentó la sesión
En el inicio de la sesión el conflicto en la provincia de Santa Cruz, y una discusión en torno al reglamento, provocó cruces entre los diputados. La diputada Alicia Sciciliani (FAP) fue la primera en tomar la palabra y encender la mecha al solicitar que las mociones de privilegio, por esta vez y debido a la sensibilidad de los temas a tratar, quedaran para el final.
El pedido recibió rechazos y apoyos por igual, pero finalmente quien resolvió la cuestión fue el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, al no hacer lugar a la solicitud.
En medio de esa discrepancia, Monzó debió pedir silencio varias veces a los legisladores. Los interrumpidos acusaron un “acto de violencia institucional” en su contra.
Durante las argumentaciones se escucharon varias opiniones respecto al tiempo que demandan las cuestiones de privilegio, que suelen demorar más dos horas el tratamiento de los temas en agenda. Esto dio pie además a la oposición a criticar al oficialismo por la falta de convocatoria a sesiones ordinarias. En lo que va del año las dos reuniones que hubo fueron de carácter especial.
Zanjada esa discusión, el diputado Martín Pérez, de Tierra del Fuego, uso su micrófono para poner un audio del presidente Mauricio Macri cuando en campaña hablaba de las industrias locales. “Nos sentimos estafados por el presidente que nos prometió cuidar el empleo y eso no está pasando”. Monzó le recordó que el recurso del audio debe ser autorizado por la Cámara. “Ya está pasado”, remató Pérez.