Designaron a Moreno en Clarín
El kirchnerismo recuperó la ofensiva en su batalla contra el Grupo Clarín. Por un lado, y tal como se preveía, la procuradora, Alejandra Gils Carbó, se manifestó por la constitucionalidad de la Ley de Medios y dejó el camino allanado para que resuelva la Corte Suprema. Por el otro, el Gobierno designó a Guillermo Moreno como el representante del Estado en todas las asambleas del multimedios, y la Comisión Nacional de Valores declaró la “irregularidad e ineficacia” de lo resuelto en la última reunión de accionistas.
Gils Carbó avaló la postura que tuvo la Afsca y efectuó una crítica jurídica a los camaristas que declararon la inconstitucionalidad de los artículos 45 y 48 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
De esta manera, la mira queda puesta en los ministros de la Corte, que están dispuestos a resolver la cuestión de fondo “lo antes posible”. Se estima que será con posterioridad a la feria judicial de invierno, aunque aún resta saber si será antes o después de las primarias del 11 de agosto.
Por estos días hubo intercambio de opiniones entre los cortesanos sobre la importancia que tiene para algunos de ellos hacer hincapié en la afectación o no de la libertad de expresión. En minoría, algunos preferirían limitar la cuestión al análisis del derecho a la propiedad, a la libertad de comercio, los derechos adquiridos y las cuestiones económicas del mercado.
De todas formas, el fallo de la Corte sería salomónico, alineado con la técnica jurídica de los camaristas, que para la mayoría de los cortesanos sería “ajustado a derecho”.
Por el lado del Gobierno, el jueves Axel Kicillof designó a Moreno para participar, en nombre del Estado, “en todas las asambleas ordinarias, extraordinarias y especiales” que desarrolle la compañía. Además, lo habilitó como representante estatal en todas las acciones judiciales y administrativas que involucren al Grupo Clarín.
La mala noticia para el Gobierno ayer vino del lado de la Justicia. El juez en lo contencioso administrativo Enrique Lavié Pico suspendió la conformación de las nuevas cámaras de Casación, que formó parte del paquete de leyes de la reforma judicial impulsada por Cristina.