¿Designaciones a dedo transgrediendo normas, o exigencia puntual improvisada?

ESPECIAL (por Francisco Pancho Calderón).- De la Justicia entrerriana, hoy NADA nos sorprende. Sin embargo, en esta breve Columna reflexionaremos acerca del malestar que ha causado a comunicadores sociales locales, la designación de Martín Fabre en la jefatura del Servicio de Información y Comunicación, del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, junto a otros nombramientos.

 

La concreta especie informativa, alude a que profesionales de la Comunicación expresaron su malestar por el método de designaciones en el área de Prensa del STJ, consideraron “arbitrarios” las recientes nominaciones, porque no hubo “concurso ni convocatoria abierta”.

En efecto, Licenciados y Técnicos en Comunicación Social resaltaron la “falta de convocatoria abierta y pública por parte del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para cubrir los cargos vacantes en el Servicio de Información y Comunicación (SIC), que supondría el desempeño en esas áreas de profesionales en la materia”.

 

Los comunicadores sociales sostienen además que “la situación revelada pone en evidencia, por lo menos el desconocimiento y el atropello a la formación profesional y a las competencias en el campo de la comunicación por parte del Poder Judicial de la provincia”.

Ponen de relieve que muchos de ellos se formaron en “la Universidad Pública ubicada a solo a tres cuadras de la sede de Tribunales de la capital entrerriana”, y demandaron “que se revisen los métodos y procedimientos para las designaciones y se realice la convocatoria a concurso público, abierto, de antecedentes y oposición”.

 

En el mismo sentido, solicitaron “a las instituciones del sistema universitario formadoras en ese campo disciplinar, que puedan expresarse al respecto”.

 

Análisis

 

Es interesante el pedimento. Genera la apertura de un profundo debate. Y lamentablemente, es inevitable hablar sutilmente de suspicacia.

Veamos…; así como el gobernador de Entre Ríos elige un responsable de Prensa, sin llamamiento formal, éste selecciona posteriormente su equipo (más allá del staff de carrera…). Pero a la vez, cada Ministerio, cada Secretaría, Dirección u organismo dependiente o ente descentralizado del Gobierno, opta por distinguir a su comunicador de confianza.

 

No contamos con el tiempo apropiado, pero nos atrevemos a garantizar que son varios los encargados de Prensa y Difusión a lo largo y ancho del Poder Ejecutivo, aunque a la vez debemos sumarle el Poder Legislativo, con su respectiva División de Cámaras.

Y hasta este jueves 1 de noviembre, JAMÁS leímos o escuchamos una queja o impetración respecto a los llamamientos de tal o cual especialista en Comunicación, en esas áreas desde donde cotidianamente se propaga información acerca del Estado entrerriano y nada más y nada menos que se administran pautas publicitarias.

 

Tampoco hemos verificado lamentaciones en cuanto a quienes ejercen ese desempeño en las distintas reparticiones de la Municipalidad de Paraná. Sin ir más lejos, hace breve lapso, se inauguró la radio de la Comuna, y no supimos de concurso alguno para el ingreso a sus distintas vacantes inaugurales.

De hecho… varios comunicadores de sumo predicamento se unieron al proyecto. No se tradujo manifestación beligerante alguna en torno a ello. Más bien todo lo contrario. Fuimos el ÚNICO medio que trasuntó cierta disconformidad en cuanto a lo que se pregonó respecto a “pluralismo” de voces.

 

De idéntico modo, conocemos varios colegas que cumplen ese dignísimo trabajo en gremios, en sindicatos, en colegios de profesionales.

Y esta comprobación tan sutil, en el reconvenir a Fabre por parte de estos comunicadores sociales (no sabemos quiénes refrendaron esa misiva demandante) nos deriva a suposiciones varias…

 

Aun así, vamos a reflejar nuestra postura coincidente en que sería muy fecundo LEGISLAR de modo transparente ello, y quienes ocupen esos cargos evidencien la ilustración, la erudición, la riqueza intelectual, la trayectoria y los valores éticos indispensables para el ejercicio de tan excelsa tarea.

Coincidimos en que si hay normas para el acceder a esas funciones profesionales, deben ser respetadas. Y si no las hubiere, será menester que se conforme una comisión de ilustres académicos, quienes en conjunto con ediles, con legisladores y con magistrados plasmen la elaboración de un marco jurídico que establezca la obligatoriedad de llamado a Concurso para que no haya escepticismo o prejuicios y en sí para jerarquizar esa ocupación.

 

Nos parece interesante el planteo, aunque es irrevocable deslizar nuestra percepción inherente a que este cuestionamiento pudo hacerse muchos años atrás, desde el advenimiento mismo de la Democracia.

¿Por qué no se hizo?

 

Y para cerrar, vamos a rechazar un punto enunciado y aportaremos un dato elemental: refutamos, objetamos, resistimos se aluda solo a los titulados de la Universidad Pública. Muchos estudiantes de universidades privadas fueron eyectados de la Pública por no compartir corrientes filosóficas, manipulaciones ideológicas o hasta anomalías en el cursado por incontables días sin clases.

Solemos defender a ultranza la Universidad Pública, y lo seguiremos haciendo, pero no se puede negar a un colegiado egresado de unidades académicas privadas, tener el mismo Derecho que el de la Pública. Por ende, el texto elevado a medios sonó discriminatorio y lo impugnamos de raíz.

 

A la vez, irrevocable pensar en todos los que ejercemos esta noble tarea sin titulación, sin haber siquiera pisado la Universidad.

Apuntalamos la tendencia relativa a la profesionalización. Concebimos como ideal al proceso social por el cual se mejoran las habilidades de una persona para hacerla competitiva en términos de su profesión u oficio, ya que merced a esa profesionalización cualquier tarea de esa índole, se transforma en una verdadera profesión de la más alta integridad y competencia.

 

Pero eso no debe significar que los que no pudimos cultivarnos en el seno de la carrera universitaria, seamos unos parias o debamos sufrir el carecer de oportunidades por la falta del diploma respectiva.

 

Como conclusión, insistimos, remarcamos… no está mal que el STJ rinda cuentas, tribute detalles en cuanto a cuáles fueron los requisitos definitivos y el criterio empleado para las designaciones. En ese sentido, si había un código, una ordenanza que se transgredió, simplemente constituirá una prueba más de la desconfianza que generan ciertas cuestiones concomitantes al Poder Judicial no solo en suelo entrerriano sino a lo largo y ancho de la Nación.

De más está decir que le deseamos a Martín Fabre y demás seleccionados, la mejor de las suertes en sus gestiones.