Decretazo: el Gobierno cerró parte de la investigación del Correo Argentino

La vicepresidenta Gabriela Michetti y el jefe de Gabinete Marcos Peña cerraron la vía administrativa para investigar la causa del Correo Argentino, que salpica a la familia del presidente Mauricio Macri. De esta manera, el Gobierno rechazó una apelación del fiscal de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, quien reclamaba una investigación para determinar si hubo irregularidades en el acuerdo celebrado entre el Estado y el Correo, por una deuda millonaria que arrastra una empresa de la familia del presidente, de cuando administraba el Correo en 2001.

 

Con un decreto, que lleva las firmas de Michetti y Peña -ya que Macri se excusó de intervenir-, el Gobierno resolvió “rechazar el recurso jerárquico interpuesto” por el fiscal Rodríguez contra la Resolución de la Procuración del Tesoro de la Nación, que había planteado la inexistencia de irregularidades en el acuerdo entre el Gobierno y el Correo. En esa Resolución, de mayo pasado, la Procuración dio “por clausurado el sumario administrativo” y se estableció la “inexistencia de perjuicio fiscal y de irregularidad administrativa imputable a agente alguno”.

 

Si bien ahora se cerró la investigación administrativa, quedan abiertas varias causas judiciales, donde se discuten la deuda de la empresa y la responsabilidad de los funcionarios en la negociación de la deuda del Correo con el Estado.

 

Hay que recordar que cuando se privatizó el Correo Argentino, en 1997, la concesión quedó por 30 años en manos de un consorcio integrado por Socma (67%) y socios minoritarios. Pero el Correo no pagó el canon y la deuda con el Estado creció hasta que, en 2001, alcanzó los $ 296 millones y entró en concurso de acreedores.

 

En 2003 Néstor Kirchner dio de baja esa concesión. Desde entonces, los ex dueños del Correo incrementaron su participación en la empresa controlante y presentaron una serie de reclamos contra el Estado por $ 1.700 millones, para compensar las inversiones realizadas; mientras que el Estado reclamaba los $ 296 millones, con un porcentaje de interés que actualizara la deuda original.

 

El Gobierno llegó a un acuerdo a mediados de 2016 para que el Grupo Macri pague $ 300 millones en 15 años, con una tasa de interés del 7%. Pero a fin de ese año la fiscal Boquín rechazó esa propuesta por considerarla “ruinosa, abusiva” y cuya “irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional”. En esa ocasión, Boquín calculó en más de $ 4.000 millones la pérdida para el Estado que provocaría la “condonación de la deuda” que implicaba la aceptación del acuerdo con los ex dueños del Correo, situación que llegaría a los $ 70.000 millones de pérdida en el año 2033.

 

Ese acuerdo cayó en febrero del año pasado, en medio de fuertes polémicas por la aceptación del Gobierno de un convenio que perjudicaba al Estado. Y se inició una causa contra Macri, el ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el entonces director de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio, Juan Mocoroa. Esa causa la lleva adelante el juez federal Ariel Lijo, donde el fiscal Juan Pedro Zoni imputó a los tres funcionarios, ya que “se habrían cometido conductas delictivas en torno al concurso preventivo de la empresa Correo Argentino”, señaló el fiscal.

 

Por el contrario, la Oficina Anticorrupción emitió una Resolución firmada por su titular, Laura Alonso, donde planteó que el presidente Mauricio Macri “no vulneró las normas de ética pública” en el caso del Correo Argentino, empresa que pertenece a su padre Franco, sus hermanos e hijos. El organismo “no detectó ninguna participación del Presidente” en el polémico acuerdo que firmó el Gobierno con el Grupo Macri, decisión que hace más de un año fue duramente cuestionada por la fiscal Gabriela Boquín.

 

Pese a que la fiscal Boquin dictaminó que era “palmaria” la existencia “de un conflicto de interés” entre Macri y sus funcionarios, la Resolución de la Oficina Anticorrupción planteó que no hubo irregularidades en las actuaciones de Macri, Aguad y Mocoroa, ya que la prohibición de intervenir al Presidente no se transmite al resto de los funcionarios del Gobierno. Y agregó que la OA estableció en su Resolución que Macri “debe abstenerse de intervenir” en forma directa en cualquier asunto vinculado al Correo Argentino y a sus empresas controlantes SOCMA y Sideco, “dado que familiares directos poseen intereses financieros en ellos”.

 

Según planteó Alonso, esa prohibición no es extensiva a los funcionarios del Gobierno, que deben intervenir para resolver un conflicto que el Estado arrastra desde hace 15 años, cuando Néstor Kirchner decidió cancelar la privatización del Correo.