Crimen de Mariano Ferreyra: hay sospechosos
La Justicia avanzó sobre la investigación de “sospechosos” de la Unión Ferroviaria por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra y, en ese marco, anoche ordenó la detención de un integrante de la barra brava de Defensa y Justicia, cuya identidad no trascendió.
Se supo, sí, que el prófugo estaría vinculado con el oficialismo de la Unión Ferroviaria y habría sido enviado por el gremio, junto a otros 10 barrabravas de Lanús y Banfield, a “romper” el corte de vías que los trabajadores tercerizados querían hacer en Avellaneda. De ese grupo, habría otros dos integrantes también con pedido de captura.
En tanto, los restos mortales de Ferreyra fueron despedidos ante una multitud en el cementerio municipal del partido bonaerense de Avellaneda, tras ser asesinado el miércoles último cuando apoyaba una protesta de trabajadores ferroviarios tercerizados de la línea Roca. El ex presidente Néstor Kirchner dio señales de un inminente esclarecimiento del hecho al anticipar por la mañana, a la salida de un acto en Chivilcoy que esperaba que “haya importantes novedades” en torno a la investigación. En sintonía, aunque menos contundente, la presidenta Cristina Fernández aseguró vía Twitter que había “esperanza de Justicia” en el caso, y dijo tener la certeza de que “el viejo país de la impunidad no vencerá”.
Así las cosas, la jueza Susana Wilma López ordenó en horas de la noche a la Policía Federal la detención de tres sospechosos, uno especificamente señalado por los testigos como presunto asesino de Ferreyra, indicaron fuentes judiciales.
Por otra parte y luego de manifestar anoche su disconformidad tras reunirse con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, porque el funcionario ofreció sólo reincorporar a algunos despedidos, los trabajadores tercerizados fueron recibidos por el titular de la CGT, Hugo Moyano, quien de comprometió a tramitar ante la cartera laboral la “inmediata reincorporación” de más de 120 trabajadores.
No obstante, la presidenta Cristina Fernández cuestionó a los trabajadores tercerizados al señalar que “no se puede creer” que compañeros de Mariano Ferreyra se nieguen a “declarar ante la Justicia y demoren la entrega de videos y fotos”, y prefieran negociar su reincorporación laboral.
En tanto, la militante del Partido Obrero (PO) Elsa Rodríguez seguía hoy internada “en coma inducido” y “con riesgo de vida”, informó el director del Hospital Argerich, Néstor Hernández. Las versiones que circulan sobre Rodríguez son cada vez más pesimistas y hay quienes afirman que “se la mantiene viva artificialmente para que el caso Ferreyra no adquiera mayor gravedad”. Los médicos del Argerich se limitan a señalar que está muy grave.
Nelson Aguirre, el otro herido el miércoles, si bien fue dado de alta ayer, todavía tiene una bala alojada detrás de la rodilla izquierda y lunes irá de nuevo al hospital Argerich para realizar un control de rutina, informó a DyN ese militante del PO. Un rato después de la espera de “novedades”, confesada por Kirchner, personal de Gendarmería comenzaba una serie de diligencias: la revisión de la escena del crimen, en busca de pruebas y rastros que no hubieran sido detectados por la Policía Federal; y el secuestro de documentación en varios edificios.
Uno de los objetivos fue la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia, en Hornos 11, de Constitución, donde secuestraron legajos. En ese contexto, al acto de sepultura de los restos de Mariano Ferreyra asistió una gran cantidad de integrantes de espacios políticos de izquierda y miembros de organizaciones sociales, poco después de la finalización de un velatorio compartido por familiares y amigos de la víctima desde las 23 de ayer, en un inmueble de la avenida Mitre 3488, en la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda.
Las personas recibieron con aplausos el arribo del coche fúnebre con el cadáver al cementerio, situado en la avenida Crisólogo Larralde 4040, de la localidad de Villa Domínico. Precisamente el Partido Obrero brindó por la tarde una conferencia de prensa en la que su Secretario, Jorge Altamira, reclamó que sea allanada la Comisaría 30 de Barracas por entender que esa dependencia policial “retiró los patrulleros para que la patota pudiera fusilar a los militantes”, ocasión en la que fue asesinado Mariano Ferreyra. Altamira también acusó a la presidenta Cristina Fernández de “embarrar la cancha” y puso en duda que el Gobierno quiera, realmente, aclarar la responsabilidad del crimen.