Comenzó el juicio contra el exministro De La Rosa y seis dirigentes de UPCN
En los Tribunales de Paraná comenzó este lunes el juicio contra el exministro de Salud, Ariel De La Rosa, y seis dirigentes de UPCN. Es por los delitos de coacción y resistencia a la autoridad, tras un episodio ocurrido el año pasado en el Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante. Los fiscales adelantaron que pedirán 7 años y seis meses de prisión para el exfuncionario.
Los imputados son el actual miembro del directorio del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Fabián Monzón, Zunilda Suárez, José Zarza, Guillermo Barreira, Carina Domínguez y Noemí Ester Santamaría.
Los siete imputados se presentaron este lunes ante el tribunal conformado por Alejandro Grippo, Pablo Vírgala y Alejandro Cánepa. El ex ministro De la Rosa, es representado legalmente por los abogados Julio Federik y Leopoldo Lambruschini; mientras que los gremialistas de UPCN son defendidos por el letrado, Marcos Rodríguez Allende.
La causa se inició en junio de 2017 luego de que la directora del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero, denunciara aprietes y amenazas por parte de dirigentes y del entonces ministro, para que reincorpore a la enfermera y delegada de la entidad gremial, Yanina Migueles.
Un operativo policial en el nosocomio terminó con las detenciones de varios de los imputados. Tras quedar implicado en ese escándalo, De la Rosa renunció al ministerio de Salud. Para Monzón y Barreira, los fiscales adelantaron que solicitarán la pena de un año y medio de prisión. En tanto, para el ex ministro De la Rosa, Zarza, Domínguez, Santamaría, y Suárez, imputados por coacciones agravadas, pedirán 7 años y 6 meses de prisión.
Ante los fiscales Gamal Taleb y Laureano Dato, el exministro negó haber incurrido en alguna figura delictiva cuando le pidió a la directora de la Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero, que volviese atrás con una medida adoptada con una enfermera del nosocomio.
A De la Rosa, la Fiscalía de Diamante le imputó dos hechos: coacción agravada por haber amedrentado a Trossero, en forma telefónica (comunicación que la funcionaria escuchó con el celular en altavoz en presencia de testigos), para que diera marcha atrás con una resolución que adoptó y que supuso la baja de una suplencia extraordinaria a una delegada de UPCN.
Se trata de la enfermera Yanina Migueles, quien, según Trossero, tiene dos investigaciones abiertas en el Ministerio de Salud: una por administrar medicamentos en forma errónea a los pacientes alojados en la Colonia de Salud Mental.
Al día siguiente, cinco dirigentes de UPCN, gremio que fue soporte de De la Rosa en Salud, viajaron a Diamante con el fin de exhortar a Trossero para que cumpliera la orden del exministro, que le habría sugerido recontratar a la enfermera Migueles.
Sin embargo, el secretario adjunto del sindicato, Fabián Monzón, José Zarza, Guillermo Barreira, la secretaria gremial, Carina Domínguez, y la dirigente, Zunilda Suárez, protagonizaron una incómoda discusión en el hospital diamantino que obligó a la intervención de la Policía.
Los cinco terminaron en la cárcel, con prisión preventiva. El juez de Garantías, Julián Vergara, les impuso 15 días de prisión preventiva domiciliaria a Monzón, Zarza y Barreira; Domínguez y Suárez fueron puestas en libertad. El 9 de junio, el ex ministro presentó su renuncia al cargo.
El fiscal Jorge Gamal Taleb, que llevará la acusación junto a Laureano Dato, explicó que de los siete que se sentarán en el banquillo, “cinco están imputados por el delito de coacciones agravadas, que es un delito que tiene escala penal elevada, con un mínimo de 5 años y un máximo de 10 años”. Las otras dos personas, están acusadas de resistencia a la autoridad y amenazas.
“Las penas que se adelantaron que se van a pedir son estimativas -aclaró el fiscal-. Eso está sujeto al resultado del debate, que es cuando se valora con mayor amplitud tanto la comisión del hecho como las calificaciones legales y las circunstancias que pueden agravar o volver más leve la sanción”, aclaró.
“En total, están propuestos 29 testigos por la Fiscalía -agregó Taleb-. Y también va a ser clave cuando declare el perito Fernando Ferrari, que transcribió los mensajes encontrados en los teléfonos secuestrados. Tuvo acceso a las llamadas y conversaciones que se hicieron esos días”.
“Los mensajes encontrados en esos teléfonos demuestran la organización previa que hubo, de ir a Diamante para lograr un determinado fin, que era la reincorporación de una delegada gremial de UPCN”, puntualizó.
Foto: Gentileza Guillermo Romero – Radio La Voz 90.1.-