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Ariel De La Rosa fue imputado por coacción agravada

El doctor Marcos Rodriguez Allende, abogado que intervino en la causa penal iniciada contra los dirigentes de UPCN que estuvieron detenidos, señaló que los tres hombres “continuarán con prisión domiciliaria”, mientras que las dos mujeres “están en libertad con restricción de acercamiento”. El letrado develó que al exministro Ariel De La Rosa se lo imputó de coacción agravada, por una conversación telefónica que mantuvo con la doctora Trossero, directora del Hospital. “Esto no pasa por primera vez; Tenemos de experiencia algunos profesionales que judicializan absolutamente todo para perjudicar a funcionarios”, indicó el jurisconsulto.

 

“Estamos en plena Investigación Penal Preparatoria. Todo se inicia a través de una denuncia de la directora del Hospital de Salud Mental de Diamante, donde según sus dichos, era presionada a hacer en relación a determinadas cuestiones, relacionadas con una delegada que sin ningún tipo de causa – según dice la resolución – es separada de su cargo. El ministro, en ese entonces, resuelve incorporarla. Creo que el conflicto empieza a suscitarse ahí, porque la Directora no estaba acatando una resolución de carácter Ministerial, absolutamente legítima”, indicó Rodríguez Allende.

 

“Este tema va a ser trabajo de estudio, para ver qué motivó a la directora a no querer cumplir, y que cierta parte de la Comisión y personal responsable de UPCN, se dirija al lugar para poder saber cuáles son los motivos y acercarle la resolución, cuestión que la directora decía desconocer”, agregó Rodríguez Allende.

 

“Después, la historia comienza a cambiarse sin explicación alguna, y en eso no puedo avanzar más, primero, porque la investigación la comenzamos hace 48 horas. A mí, lo que más me interesaba, cuando el gremio me contrata para cubrir estos servicios, era la libertad de estas personas lo más rápido posible, porque en el Hospital, estaba el fiscal con por lo menos 30 o 40 policías, como si estuvieran de alguna manera esperando que se cometa el ilícito. Se produce la detención por orden del fiscal, las 48 horas las utilizan para imputar una determinada conducta a cada una de las personas que fueron, que son representantes de un gremio tan importante”, continuó detallando el legista.

 

Rodriguez Allende prosiguió: “Hoy se decidía si continuaban las medidas coercitivas. Y en esto, quien tomó la palabra en todo momento fue el doctor Taleb, quien explicó, según su posición y los dichos de la directora, lo que habría pasado, y requirió al juez de garantía la continuidad de la prisión preventiva de tres personas, los tres masculinos, porque entendía que iban a obstruir a la justicia. Creo también que se utilizaron conceptos muy duros, que no se condicen con la realidad. Habló de patota gremial, que había que poner fin a esta patota que intentaba torcer la voluntad de una gestión”.

 

“Cuando el juez de garantía me corre vista, yo di mis argumentos por los cuales creía que ninguna de las cinco personas debía seguir en las celdas de la departamental. Hacía 48 horas que estaban sin bañarse, comiendo mal, en malas condiciones de detención”, explicó el abogado.

 

“Justamente, el fiscal, que debe demostrar cuales son los elementos subjetivos para sostener que se podía continuar entorpeciendo la situación, tan solo daba explicaciones diciendo que se podía presionar a la Directora, que podían venir a Diamante, o amenazar a la familia… afirmaciones que no estaban acreditadas”, detalló.

 

“Lo bueno es que el código procesal actual, prevé alternativas para morigerar la prisión preventiva que los fiscales pretendían. Nosotros explicamos que no era necesario llegar a tal extremo, cuando el peor delito hablaba de resistencia a la autoridad. Se podía realizar la investigación con otras medidas”, consignó.

 

“Yo propuse que estas tres personas a quienes se les quería extender la prisión preventiva, estuvieran en sus casas, más allá que la semana que viene se pueda solicitar que continúen trabajando, y sí se dictó la libertad de las dos mujeres que estaban detenidas”, remarcó Rodríguez Allende.

 

El abogado contratado por el sindicato, relató que “todo fue a las corridas, muy rápido. Lo que pretendió UPCN es que se cumpla una resolución que se había dictado. No es que UPCN iba de parte del Ministro a hacer entrega de la resolución. Lo que pretendía era que se reincorporara a un delegado gremial. Querían que se aplique esa resolución ministerial. Ahora, vamos a comenzar a discutir el modo, la forma y la circunstancia. La Fiscalía dice que no era el modo de dirigirse a la directora, y nosotros tenemos en nuestra tesitura que no es así”.

 

Sobre la presencia policial en el nosocomio, “tal vez algún delegado gremial le avisó a la directora que iban a ir gente a pedirle por favor que reincorpore a esta delegada. Ahí es donde la directora hace la denuncia: una es cuando recibe un llamado telefónico, que debe estar grabada… ahí deciden trasladarse al hospital para ver de qué manera se iba a producir esto”.

 

“No diría que armaron una cama. Pero lo que la directora piensa que pudo haber sido un delito, no lo era. El fiscal también se encargó de decir que iba a imputar al Doctor De La Rosa… que ya está imputado, según las palabras de la Fiscalía, por el solo hecho que la directora, al hablar con el Ministro, le habría dicho que cumpla con la resolución… según los dichos de la directora… y en un momento, le dijo que cumpla, que de política usted no entiende nada… ahí, el delito de amenaza no existe… y menos el de coacción, que es de lo que lo imputan”, develó el abogado.

 

“Al doctor le imputan coacción agravada… un delito muy grave. Va a tener que designar abogado, va a tener que declarar, y va a tener un dolor de cabeza importante. Seguro”, enunció Rodríguez Allende.

 

“Entiendo que el gremio, como tal, va a iniciar sus actuaciones o pondrá en conocimiento, a través de la denuncia pertinente, a la directora por esta cuestión, dado que el problema subsiste todavía”, remarcó.

 

“Lo que sí sé, conociéndolo al Doctor De La Rosa, es que es una barbaridad pensar que pueda estar amenazando a una mujer, y segundo a una directora. Un funcionario se puede enojar cuando no se cumple una orden que da, y que es legítima. Que haya levantado la voz o se haya enojado, es una cosa, pero una pequeña discusión no tiene nada que ver con el derecho penal o una norma que se infringe”, acentuó.

 

“Acá no es la primeva vez. Tenemos de experiencia algunos profesionales que judicializan absolutamente todo para perjudicar al funcionario. El fiscal tiene que investigar, pero mientras tanto, el funcionario tiene que padecer todo un proceso judicial, como en este caso, lo va a tener que padecer el doctor De La Rosa”, indicó.

 

“Todas las personas que integran el sindicato están en Paraná, y la semana que viene vamos a comenzar con las declaraciones y la producción de pruebas. Las consecuencias que hay que pagar son muchas y graves. Ahora, buscaremos la solución penal”, finalizó en entrevista que publican los colegas de Radio La Voz.